1. La ambición de las contribuciones determinadas de nivel nacional (NDCs por su nombre en inglés) debe ser incrementada para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Para ello, nuevas rondas de revisión nacional deben tomar lugar a partir de 2017.
2. Los países deben garantizar medios para que la acción climática y en particular las NDCs se trabajen de manera armónica con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), aprobados también en 2015; así como con los objetivos de la Declaración sobre ciudades sostenibles y asentamientos humanos y al Plan de implementación para la Nueva Agenda Urbana.
3. Los países deben crear estrategias nacionales de financiamiento que establezcan claros compromisos y necesidades en esta materia para alcanzar la plena implementación los compromisos establecidos. 
4. Los países deben emprender procesos sólidos para mejorar la transparencia respecto de información climática, incluyendo acciones de mitigación, adaptación y financiamiento. Esto,  a través de mecanismos integrales de medición, reporte y verificación.
5. Los países deben mejorar sus sistemas de monitoreo y atención a poblaciones vulnerables y emprender estrategias para hacer frente a los riesgos climáticos y posibles pérdidas y daños derivados.
6. Se deben promover mejores prácticas en materia de adaptación. El balance  mundial será una oportunidad para evaluar el informe de los países desarrollados sobre la asistencia a los países en desarrollo para determinar prácticas eficaces, necesidades de adaptación, prioridades, dificultades y carencias.
7. Si bien los países desarrollados deben transferir recursos a países en desarrollo, estos últimos deberán promover mecanismos para contribuir con la movilización de financiamiento más allá de los 100 mil millones de dólares, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
8. Una fase de descarbonización de las economías debe tomar lugar de inmediato y para ello la reducción de inversiones en combustibles fósiles y en actividades extractivas debe dominar las agendas de los países. En esta ecuación, no debe apoyarse el uso de técnicas que permiten seguir explotando hidrocarburos, cada vez con mayores impactos sociales, ambientales y climáticos, como es el caso de la fractuta hidráulica. Para ello, es clave que los países desarrollen e impulsen fuentes de financiamiento nacionales que no dependendan de dichas actividades.
9. Es necesario un incremento en inversiones bajas en emisiones de GEI que a su vez creen resiliencia climática,  lo que debe predominar en los presupuestos públicos de todos los países.  Para facilitar esta transición se recomienda generar planes de descarbonización al 2050 como hoja de ruta para la acción requerida en el largo plazo.
10. Los beneficios de acelerar y liderar una transición energética hacia fuentes renovables, es decir, de convertirla en una decisión de carácter política a nivel de los Estados, son identificables en cada una de las dimensiones de la sustentabilidad y conllevarían efectos sistémicos positivos, tanto a mediano como a largo plazo. El paso a la transición energética hacia las energías renovables justamente se centra en los dos sectores que consumen más energía fósil: transporte y la industria. Es en ellos donde Latinoamérica necesita centrar su atención en el marco de la generación de planes de descarbonización al 2050.