Los cambios en el contexto político como la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, traen importantes retos para la agenda global en materia de cambio climático.  Por ello durante 2017 reforzaremos la acción en dos principales escenarios:

Mucho se ha discutido sobre las implicaciones que el modelo de desarrollo marcadamente "extractivista" tiene para la región latinoamericana, donde los estados le han apostado a la explotación de hidrocarburos y minerales bajo el argumento de favorecer el crecimiento económico y generar renta pública. Modelo que se ancla en un contexto internacional en el que la demanda por estas materias primas va en aumento y donde los precios de las mismas se cuadriplicaron entre 1991 y 2011, lo que llevó a los países de la región a intensificar su extracción y exportación. Menos se habla de las consecuencias que este modelo está teniendo sobre el cambio climático y la capacidad de los territorios latinoamericanos para enfrentar sus efectos.
 
En este sentido, no es sólo la quema de hidrocarburos para generar energía lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero, si no también su extracción, así como la de los minerales. El uso intensivo de energía que estos proyectos requieren, la remoción de suelo, y las fugas directas de gases a la atmósfera, como el caso del escape de grandes cantidades de metano de los proyectos de fracking, son sólo algunas de estas causas. Por otro lado, también son proyectos que aumentan nuestra vulnerabilidad a los efectos  del calentamiento global, al usar, contaminar y destruir fuentes de agua, la diversidad biológica y cultural, la zonas de cultivo y pastoreo, los bosques, y al desplazar a las poblaciones y dañar los territorios de las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera, la interrelación de la actividad extractiva y el cambio climático supone un mayor riesgo para los derechos humanos de todas y todos.[1]
 
Ahora, con la caída de los precios internacionales de minerales e hidrocarburos la situación no da visos de mejorar. Al contrario, dada la dependencia que los países han desarrollado de la extracción de estos recursos naturales, los gobiernos buscan compensar menores precios con mayor producción, para lo cual están debilitando normativas, instituciones y prácticas que ponen límites a estos proyectos; tal es el caso de aquellas que buscan garantizar los derechos de las poblaciones, proteger el medio ambiente y atender el cambio climático.[2]
 
En un contexto donde el Acuerdo de París ya es una realidad y los países deben poner en marcha acciones urgentes para evitar un aumento de 1.5-2 grados centígrados de la temperatura global, estas políticas resultan aún más insostenibles. Resulta fundamental empezar a debatir, proponer e implementar alternativas a este modelo y las acciones para atender el cambio climático, como las contribuciones determinadas nacionalmente (NDCs), son clave para ello.
 
Desde la sociedad civil ya se están dando pasos para avanzar en esta dirección y, a partir de 2017, el análisis de la relación entre la actividad extractiva y el cambio climático y la incidencia en este ámbito es una de las líneas centrales de trabajo del GFLAC. Por su parte, la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) también ha incorporado esta temática en sus acciones, buscando generar cambios en las políticas públicas de la región y plantear alternativas al desarrollo basado en el extractivismo. Por ello, este será uno de los temas que se discutirán  los días 6 y 7 de marzo en el XIII Foro Latinoamericano sobre Industrias Extractivas que la RLIE organiza en Bogotá, Colombia, y en el que el GFLAC estará presente.
 
Les invitamos a seguir con atención este tema y a involucrarse en la iniciativas que estas dos redes regionales estarán impulsando durante los próximos años para atenderlo. No dejen se seguir las relevantes discusiones del Foro asistiendo o a través de nuestras redes sociales.

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En 2017 se cumplirán cuatro años de la adopción de la reforma energética. En este sentido, es pertinente preguntarse ¿Qué tan lejos estamos de cumplir con las metas de transición energética y de reducción de emisiones? Los resultados de la reforma no han dejado un legado palpable en el cumplimiento de las metas de México. Por un lado, la generación de energías renovables en el 2013 representó el 10.23% del total, de los cuales el 72% se produjo a través de energía hidroeléctrica. Para el 2016 las energías renovables representa el 15.86% de la generación total de los cuales el 75% aun se produjo por grandes hidroeléctricas.[1] Lo anterior demuestra que, la capacidad renovable de México se incremento tan solo un 5% en los últimos 3 años. A nivel internacional, tan solo en 2015 se anexaron 147 GW de energía, en donde la energía solar y eólica representaron el 77%. En México representan apenas el 3% y el 0.1% de la generación total.[2]
 
Actualmente la demande de electricidad se incrementa en un promedio de 3.5% anual. Se espera que para el 2030, México duplique la generación de electricidad adicionando 57 GW de energía. En este sentido, la inversión realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender esta demanda de electricidad, se ha centrado en la infraestructura de gas natural. La apuesta por el uso de gas por parte de la CFE se ha fundamentado en la disponibilidad de gas barato en los Estados Unidos. Tan sólo en 2013, México importó 100.2 mil millones de metros cúbicos de gas y ha incurrido en una inversión de más de 12 mil millones de pesos para la ampliación de 22 ductos de gas a nivel nacional.[3]
 
En materia de emisiones, la reducción principal del sector se ha logrado, en su mayoría, a través de la substitución de plantas ineficientes (carboníferas y de combustóleo) por infraestructura para generar electricidad a través de gas natural. Sin embargo, debido a que el gas natural se ha ‘etiquetado’ como una energía de transición, la verdadera reducción de emisiones a través de la penetración profunda de energías renovables no se ha contemplado como una opción legítima para el país, a pesar de la demostrada competitividad de las mismas. La Propia SENER a través del PRODESEN 2016-2030 apuntala a una inclusión de tan solo 5.50 GW de energía solar y 12.84 GW de energía eólica al 2030.[4] Mientras que otras estimaciones apuntan a que México podría generar hasta 35GW de energía solar y 14.3 GW energía eólica en dicho año, además de una capacidad adicional de 20 GW por medio de la generación distribuida solar.[5]
 
Por otro lado, la creciente dependencia en la infraestructura fósil ha limitado los esfuerzos del sector para incrementar el desarrollo de las redes de transmisión y distribución de electricidad. A diferencia de la generación de electricidad en donde se abre a la participación del sector privado nacional e internacional, la transmisión  y distribución aún queda en manos del Estado (CFE). Actualmente las estimaciones indican que la CFE tendrá que invertir en la construcción de alrededor de 13,500 km de líneas de transmisión, con una inversión de alrededor de 17 mil millones de dólares.[6] Lo anterior implica una reducción de las pérdidas técnicas, pero también la capacidad de entender las necesidades de interconexión de hogares, pequeños y medianos negocios, y proveedores de servicios en áreas urbanas y rurales, particularmente para un esquema que permita atender la generación distribuida solar.
 
Una de los principales retos de atender las metas de reducción de emisiones y transición energética tiene que ver con la capacidad de traducir la reforma energética en un beneficio social y democrático. Actualmente el gobierno gasta más de 100 mil millones de pesos anual al subsidiar los precios de la luz a nivel residencial,[7] mientras que los costos residenciales  no han disminuido de manera importante. En este mismo sentido y de acuerdo con estimaciones recientes, actualmente más de 11 millones de hogares en México, es decir el 36%, aún se encuentran en algún grado de pobreza energética.[8]
 
Las expectativas de la reforma energética de incrementar la producción de hidrocarburos a nivel nacional para alcanzar los niveles de producción de hasta 3 mil millones de barriles de petróleo al 2040,[9] se ven cada vez más inviables ante este panorama. Sin embargo, existen otras opciones para mejorar la economía del Estado y ofrecer un beneficio a la sociedad mexicana al reducir la pobreza energética, democratizar la energía y ofrecer un beneficio directo a los consumidores.
 
Primero, los esquemas de generación distribuida (GD) han demostrado ser una importante herramienta para atender la reducción de emisiones y fomentar la transición energética. La GD  permitiría obtener beneficios en la reducción de emisiones, reducir la emisión de contaminantes criterio,  y desarrollar un modelo de economía para el Estado. Sobre este último punto es necesario desarrollar un esquema de redistribución del subsidio eléctrico para financiar la instalación de los techos solares. Varios estudios han evidenciado que lo anterior no solo sería viable sino que contribuiría a un beneficio y a un modelo de negocios para el Estado Mexicano[10]
 
Segundo, otro de los importantes retos es el de fomentar el desarrollo de una cadena productiva a nivel nacional para que, además de los beneficios de la adopción de dicho esquema, se desarrolle una industria a nivel nacional que reduzca de manera importante la dependencia de la matriz energética en la producción e  importación de los hidrocarburos. El desarrollo de una cadena de valor permitiría así fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y la subsecuente reducción de precios para el mercado solar en México.
 
Finalmente, uno de los retos más importantes que han limitado el desarrollo de las energías renovables en el país se refiere a la falta de un marco normativo adecuado en materia de consulta pública y participación, evaluación de Impacto social (EVIS) y evaluación de impacto ambiental (EIA) en el desarrollo de proyectos energéticos. A pesar de que la tanto al Ley de la Industria Eléctrica como la Ley de Hidrocarburos contemplan la necesidad de llevar a cabo consultas y evaluaciones, los lineamientos no sean desarrollado de acuerdo a la realidad actual del país.
 
El reto para el Estado mexicano es entonces el de desarrollar instrumentos capaces de adaptarse a distintas realidades y contextos sociales, es decir, instrumentos flexibles y adecuados a fin de implementar la consulta no como un fin en sí mismo, sino como un verdadero instrumento de participación y diálogo con las comunidades y posibles afectados.
 
México se encuentra en una condición geográfica privilegiada: el territorio nacional cuenta con altas disponibilidades de recursos renovables. Asimismo el desarrollo tecnológico a nivel mundial ha hecho que las tecnologías necesarias para explotar estos recursos sean cada vez más accesibles. El marco legal establecido por la Ley de Transición Energética (LTE) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) permiten a México contar con las bases para el desarrollo de una política pública adecuada para atender las metas de transición energética y reducción de emisiones. En este sentido, lo que falta, es voluntad política.

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